Refugiados

 

REFUGIADOS Y DESPLAZADOS EN LA FRONTERA NORTE DE ECUADOR

 

Los diferentes problemas que los comunicadores y periodistas tienen a la hora de informar sobre la frontera ecuatoriano-colombiana vienen derivados de las mismas problemáticas que afectan directamente a la población de estas zonas.

Son estos problemas los que les condicionan a la hora de volcar las diferentes informaciones en los medios y al hacerlo, dichas noticias se convierten a su vez en causa y efecto de los mismos problemas, ya que comunicar de lo que ocurre en frontera  no deja de resultar una tarea muy ardua a los informadores y no todos logran ser fuentes veraces.

 Dentro del análisis realizado entre 2009 y 2010 en las poblaciones las provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos en la frontera norte de Ecuador con Colombia otro de los mayores problemas señalados por los pobladores de las regiones del norte de Ecuador es el de la llegada y asentamiento de refugiados y desplazados colombianos llegados al país por múltiples causas, motivadas directa o indirectamente por el conflicto armado colombiano y la lucha que Colombia, apoyada por otros países, ha desarrollado contra los cultivos de coca en el combate contra el tráfico de droga.

La zona de frontera colombo- ecuatoriana cuenta con una extensión de 586 kilómetros, en los que presenta un complejo panorama que identifica la presencia de grupos colombianos al margen de la Ley  principalmente las FARC; el tráfico ilícito de armas; los efectos del Plan Colombia y el Plan Patriota; los cultivos ilícitos y fumigaciones; y el desplazamiento forzado y refugiados colombianos”[1].

Este escenario ha generado a su vez múltiples consecuencias que han derivado en un deterioro de las condiciones de vida en la frontera norte, especialmente en aquellos que se han visto en la necesidad de instalarse de forma no reglada en dicha frontera.

“Esta situación está ocasionando  la crisis humanitaria en la frontera norte, tanto para los habitantes de los departamentos de Nariño y Putumayo – en Colombia- como para las provincias de Sucumbíos, Carchi, Imbabura y Esmeraldas- en Ecuador-  víctimas del hostigamiento militar y de la lucha por erradicar los cultivos ilícitos, utilizando las aspersiones químicas con Glifosato”[2].

De este modo, especialmente desde el año 2000, el número de desplazados y refugiados ha comenzado a crecer en territorio ecuatoriano, y en muchos casos ha sido una de las consecuencias de las conocidas fumigaciones planteadas dentro del Plan Colombia.

“Como era de esperar, a medida que la violencia y las fumigaciones aéreas se trasladan desde Putumayo hacia Nariño, todas las provincias de la frontera norte comenzaban a sentir su impacto”[3]. No debemos desdeñar el hecho de que históricamente hayan existido inmigrantes de diferentes países en Ecuador.

“Al enfocarnos en el desplazamiento y el refugio hacia la frontera norte ecuatoriana, es preciso tener en cuenta que la relación entre Colombia y Ecuador históricamente ha estado marcada por el flujo migratorio. No obstante, los flujos de desplazados y refugiados que han empezado a surgir desde el arranque de este nuevo milenio son un fenómeno sin precedente”[4].

Sin embargo, no ha sido hasta los últimos años cuando la afluencia en la llegada de refugiados colombianos se ha disparado, por las causas ya señaladas. Lo que también comienza a preocupar entre los ecuatorianos es un nuevo movimiento migratorio, consecuencia directa del llamado conflicto armado colombiano, así como de las consecuencias del Plan Colombia destinado a la lucha contra la droga: desplazados ecuatorianos dentro del mismo país.

Ecuador presenta una diversidad de movimientos migratorios: hay muchos ecuatorianos fuera, así como peruanos y colombianos que han venido hacia el país. La sociedad civil ha tendido a generar una sola visión: hacer héroes a los que se van, pero estigmatizar a los que vienen. Hay una realidad ecuatoriana que no se ha nombrado: el desplazamiento interno de ecuatorianos ante los temores de la proximidad del conflicto colombiano. Por otra parte, desde el surgimiento de casis de violencia en el Ecuador, en General Farfán y Tufiño, los medios se ha dedicado a señalar que se debe a la presencia de colombianos”. [5]

En cuanto a la respuesta política hay un debate abierto entre asociaciones, representantes locales y el gobierno. Aun así, se ha llegado a una conclusión clara y es que el problema no ha dejado de crecer y que cada vez resulta más difícil de abarcar, precisamente porque no ha existido un control real sobre el mismo en muchos casos.

Respecto del Estado ecuatoriano, es claro que no existe  una política migratoria, ni siquiera para el tema de la emigración, que sí da votos. El tema migratorio ha sido oscurecido por otras situaciones; se han ocultado los problemas humanitarios y el debate sólo ha servido para reiterar la necesidad de militarizar la frontera. Se aborda el problema de la inmigración y el refugio en clave de seguridad y no de derechos. Se reconoce que el Plan Ecuador es un avance, pero todavía  está en el limbo (…)[6].

Hay que señalar el establecimiento que tanto Ecuador como Perú o Colombia tienen del derecho internacional de refugio, ya que “son signatarios de varias convenciones, acuerdos y tratados internacionales que reconocen al refugio como un derecho e implican la responsabilidad política de proteger a quienes requieran este reconocimiento”[7].

El problema lo encontramos muchas veces en que la llegada masiva de estas personas ha llevado a autoridades y civiles a actitudes muy diversas para con los inmigrantes. “Al abordar la problemática del conflicto colombiano, se parte del hecho de que el desplazamiento y el refugio no son un problema como tal, sino que se tornan en procesos conflictivos debido a una constante violación a los derechos básicos”.[8]

Desde la sociedad civil una de las respuestas para comenzar a humanizar y mejorar la acogida de estos grupos de inmigrantes es su identificación y cuantificación. Tener unas bases fiables permitirá que se les pueda encontrar un estatus reconocido en la sociedad colombiana, ya que la condición de refugiados sólo les ha sido concedida a una pequeña parte.

“La exigibilidad es un proceso social, político y legal. La forma en que los estados cumplen con sus obligaciones respecto a los derechos en general, y en particular frente a la situación de los refugiados y desplazados, no solamente debe ser materia del escrutinio de los órganos de verificación, sino que debe abarcar la participación activa de la sociedad como una condición sustancial del ejercicio de su ciudadanía. Por tanto, para trabajar desde un enfoque de derechos con la población en situación de refugio y desplazamiento, debemos tener en cuenta la necesidad de articular mecanismos de organización que  permitan generar adecuados niveles de exigibilidad de los derechos. Encontramos una clara perspectiva de aquello que se debe trabajar urgentemente, puesto que nos encontramos ante una población que, en primer lugar, debe ganar al temor y al miedo de aquello de lo que viene huyendo, pero también enfrenta otros factores de violencia en las ciudades donde se llegan a asentar” [9].

Pero ¿cómo hemos de considerar el refugio?

El refugio es una condición de hecho, que debe generar derechos y obligaciones. La protección al refugio debe hacerse efectiva inmediatamente luego de cruzar la frontera, porque según los diversos convenios y tratados que existen, a un refugiado se le debe reconocer como tal, solo con el hecho de haber cruzado la frontera de su país”[10].

El fenómeno del aumento de refugiados ha generado otra problemática, que desde el punto de vista de la convivencia poblacional ha ido aumentando su importancia en los últimos años. El problema emana del hecho de que a los refugiados se les han ido asignando roles relacionados con el aumento de la violencia, nada argumentados desde la realidad en la mayoría de los casos, y que han sido alimentados profundamente desde los distintos medios de comunicación.

“el recrudecimiento del conflicto colombiano en los últimos años en el sur de Colombia se ha hecho sentir también en territorio ecuatoriano a través del aumento de los colombianos que ha buscado refugio en el país vecino. A la vez han venido fortaleciéndose sentimientos negativos en la sociedad ecuatoriana que asocian el ingreso de colombianos con un (supuesto) aumento de la delincuencia. (…) poniendo de relieve así que le “imaginario de desconfianza y difamación” que se nutre y se repite cada día dentro de la sociedad ecuatoriana definitivamente no resuena en la franja fronteriza carchense”[11].

Además, es conveniente subrayar que el refugio y el desplazamiento se han transformado en un fenómeno que afecta a toda la frontera norte y no sólo a Sucumbíos,  la provincia que al principio acogió al mayor número de refugiados y desplazados a la luz de las escaramuzas en el departamento de Putumayo[12].

Para entender cómo influye y se distribuye la importancia de esta problemática en las diferentes regiones de la frontera vamos a acudir a la investigación que se vuelca en el libro “Las fronteras con Colombia”, resultado de una investigación dirigida desde la Universidad Andina Simón Bolívar por el profesor Roque Espinosa.

Por Provincias podemos decir que:

Hay que resaltar que pese a la existencia de refugiados en la provincia de Carchi los refugiados y los desplazados no son considerados como un problema especialmente importante. “La información recabada en la presente investigación nos indica en cambio, que las problemáticas vinculadas al desplazamiento  y al refugio tienen una incidencia más bien marginal en las cinco fronteras carchenses”[13].

Si hablamos de datos concretos que nos confirmen esta realidad podemos afirmar que:

“Según datos proporcionados por la Diócesis de Tulcán, al momento residen en la provincia de Carchi un total de 1.552 colombianos, entre refugiados y solicitantes de refugio, siendo sus lugares privilegiados de asentamiento las ciudades de Tulcán y San Gabriel. Esta información ratifica lo ya afirmado en este documento con respecto a la escasa incidencia de las problemáticas relacionadas con el desplazamiento forzado y el refugio en las fronteras carchenses aquí analizadas”[14].

Pese a que se ha delimitado como un problema no prioritario sí hay un importante trabajo llevado a cabo por la iglesia en este sentido “Siendo el refugio el eje de la convocatoria a este proceso, para 3 de las 4 provincias el tema no es su primera prioridad”[15]. En este sentido se ha determinado un Convenio con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugio (ACNUR) que además, tiene financiamiento de la ONG denominada Catholic Relief Services (CRS).

Es importante destacar la relación existente entre los pobladores de los dos lados de la frontera como de tremenda importancia, porque a diferencia de lo que ocurre en otras zonas

“…los vínculos comerciales, de amistad y de parentesco que unen a las poblaciones del Carchi y de Nariño, hacen que los pocos colombianos que se han establecido ahí a partir de la visibilización del conflicto colombiano sean considerados locales, y no desplazados ni refugiados. (…) diremos que las categorías de desplazado y refugiado constituyen adscripciones identitarias muy resistida y de connotaciones más bien negativas, desde la óptica de los colombianos que han decidido fijar su residencia en Carchi”[16].

En la región de Sucumbíos la llegada de los desplazados y refugiados sí que es por otro lado especialmente significativa y ha tenido una influencia mayor en la población. Cabe destacar la dificultad de su control en la misma y las relaciones que se han ido estableciendo entre los dos lados.

De acuerdo con Rodríguez[17], varios elementos se han salido de los planes de contingencia previstos para atender a los desplazados en la frontera norte:

“El desplazamiento pendular de población que va y viene de acuerdo con la dinámica del conflicto (…) Esta movilización de población y la transitoriedad de su paso por el país hace que su control resulte más complejo y que, de un lado y otro de la frontera, fluyan relaciones sociales, económicas y culturales que inciden directamente en la viabilidad de los planes y programas que apuntan a disminuir los impactos del conflicto colombiano en Ecuador”[18].

Sin embargo, la vida que los refugiados tienen en suelo ecuatoriano no les resulta especialmente fácil. “Un habitante del Putumayo, acerca del refugio dice: ‘nadie quiere ser refugiado en Lago Agrio’. Si han llegado a Lago Agrio, fue en búsqueda de auxilio, ya sea por las presiones económicas, políticas, sociales; por salvaguardia de la propia vida.”[19].

En este sentido es importante destacar el papel que los medios de comunicación han tendido sobre la imagen de los refugiados en frontera que a su vez a repercutido en sus condiciones de vida. “Los medios ayudan a construir una paranoia contra los colombianos, que identifica a los refugiados con delincuencia. (…) Se les atribuye a estos desplazados un carácter delincuencial, cuando la mayor parte de ellos está dedicada a faenas agrícolas y ocupa pequeñas labores en el proceso productivo”[20].

En este sentido es especialmente significativo lo que a este respecto opinan la población y los profesionales del periodismo en la zona, ya que llegaron a esta misma conclusión en los talleres realizados en Nueva Loja (Sucumbíos) el día de 27 de octubre de 2009. En ellos dieron especial relevancia a esta problemática  y llegaron a la conclusión de que hay

“Prejuicio y criminalización de la población de frontera: Se favorece de esa manera el estigma sobre las personas de esa zona. A los habitantes se les pide papeles y otros requisitos, lo cual dificulta su acceso a las zonas urbanas y las instituciones oficiales. La población desplazada por el conflicto no puede resolver sus problemas de documentación. La gente tiene derecho a una visa de trabajo y no solo a una visa de refugio”[21].

A este elemento debe añadirse a su vez la llegada a esta zona no sólo de refugiados de origen colombiano, sino también  desplazados dentro del mismo Ecuador.

“Si bien, en la provincia de Sucumbíos se preparó un plan de contingencia para la ayuda  a los desplazados colombianos, nunca fue posible imaginarse, y, peor encontrarse, con el éxodo de 500 indígenas ecuatorianos. (…) Pese a la existencia de campamentos para refugiados, estos solo cobijan a colombianos, razón por la cual los desplazados ecuatorianos tuvieron que distribuirse en escuelas y locales sin condiciones para la atención de mujeres y niños”[22].

Además, hay que señalar tanto las dificultades de su registro “… debido a que no existía un sistema de registro confiable, no fue posible disponer de una cifra real de estos desplazados interno “,[23] así como las consecuencias que su visibilización tuvo en cuanto a la necesidad de unas actuaciones gubernamentales más fuertes en esta problemática.

La caótica situación que enfrentaron los desplazados ecuatorianos en su propio territorio puso de manifiesto que las dimensiones del conflicto colombiano y los impactos del Plan Colombia aún están fuera de los cálculos del Gobierno y de los especialistas en formular “planes de contingencia” o “fronteras de paz”[24].

También la presencia de refugiados es significativa dentro de la provincia de Esmeraldas, sin embargo aquí sus raíces históricas y sociales están profundamente ligadas a la visión y visibilización que en esta zona se tiene de esta situación.

 “En el actual contexto de frontera ecuatoriano- colombiana, ser refugiados/as y desplazados/as, términos característicos del lenguaje y discurso de las organizaciones humanitarias presentes en la zona norte de Esmeraldas (…), quiere decir población civil que necesita protección y apoyo. Sin embargo, estas categorías contradicen la realidad cultural y el significado que las poblaciones locales afro e indígenas han otorgado históricamente a este ir y venir e interacción permanente entre Ecuador y Colombia, que perviven, a pesar de la diversificación de actores con distintos intereses y distintas procedencias que confluyen en la zona[25].

De hecho, su relación social y cultural es tan profunda que no encuentran sentido en sí mismas las propias catalogaciones en este sentido.

“Y, son precisamente estas características culturales, en donde radica la posibilidad de la población afro de resistirse a ser catalogada como refugiada. Características culturales que, por otra parte, revelan que ser refugiados/as en la zona norte de Esmeraldas significa algo menos que no tener dinero, significa también desarraigo cultural, marginalidad, no contar con parientes ni tener referentes territoriales[26].

En este sentido se puede decir que:

las etiquetas y discursos utilizados, seguramente de manera mecánica e involuntaria, por agentes y organizaciones de la sociedad nacional presentes en la zona norte, podrían estar penetrando en la sociedad misma, y fortaleciendo la construcción de alteridades y nuevas identidades entre la población, pero sobre todo, profundizando la dependencia[27].

Además de la población negra también hay otro número de refugiados en esta región.

En Nariño, como se sabe, más de 1.300 personas huyeron a causa de los combates entre Ejército y guerrilla; otras miles, corren el riesgo de desplazamiento forzado. Muchos pueden ser etiquetados bajo esta denominación, sin embargo, esto se debe a que, a diferencia de las poblaciones negras, seguramente, ´no tienen parientes`”[28].

Por último, de acuerdo con la investigadora del proyecto que se desplazó a esta zona, hay que hacer una última mención a un nuevo tipo de refugiados que están llegando a esta parte de la frontera norte y que sí están alterando la forma de vida de los pobladores tradicionales.

“La población del norte de Esmeraldas, a más de estar recibiendo a sus troncos familiares, como ocurre a diario y en coyunturas difíciles como las actuales, también está siendo víctima de un tipo de inmigrantes que tampoco calzarían en los estatus creados. (…) Se trata de aquellos inmigrantes que vienen con dinero y que, desde el anonimato, afectan a la población local con sus capitales desplazados”[29].

En este tipo de nuevos “refugiados” los habitantes sí sienten el “impacto” de los recién llegados: guerra por el territorio, compra de tierra para actividades agropecuarias, palmicultura, extracción minera, otros negocios financieros, préstamos…[30].


[1] VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo: “Las fuerzas armadas colombianas frente a las tensiones fronterizas”, en JARAMILLO, Grace (Ed.): Construyendo puentes entre Ecuador y Colombia OEA & FLACSO & PNUD, Quito, 2008. p. 212

[2] SARÁ ESPINOSA, Francis: “Las implicaciones del Plan Colombia en las poblaciones indígenas de la frontera con Ecuador”  en GUTIERREZ CHONG, Natividad (Coord.): Conflictos étnicos y etnonacionalismos en las Américas: Reportes de Investigación. Ed. Abya- Yala, Quito, 2008.  p.329

[3] DE LA VEGA, Pablo A.: “Refugiados/as colombianos/as en Ecuador: tendencias y respuestas del Estado y la sociedad civil” (serie: normas y estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, CSMM, Quito, 2004) en LAURET, Sander: La Frontera Norte Ecuatoriana ante la influencia del conflicto colombiano. Las sorprendentes dimensiones de la dinámica transfronteriza entre la provincia de Carchi y el departamento de Nariño. Ed. Abya- Yala, Quito, 2009. p. 81

[4] DE LA VEGA, Pablo A., en LAURET, Sander, Op.cit. p.114

[5] ROVAYO, Guillermo: “¿Cómo se miran Colombia y Ecuador mutuamente?”, en  HANEKAMP, Erika: MONTALVO, Nadesha: Encuentro entre dos pueblos. Ed. Abya- Yala, Quito, 2008. p.49

[6] ROVAYO, Guillermo: en HANEKAMP, Erika y MONTALVO, Nadesha: Op. Cit. p.50

[7] RHON, Francisco: “Un mecanismo de consulta” en HANEKAMP, Erika y MONTALVO, Nadesha: op. cit. p.113

[8] Ibídem.

[9] Ibídem, p.117

[10] Ibídem. p.129

[11] LAURET, Sander: Op. Cit. p. 120

[12] Extraído de OIPAZ, 2002,  pp. 65-68 en LAURET, Sander, op. cit. p.114

[13] ESPINOSA, Roque (Editor): Las fronteras con Colombia, Ed. Corporación Editora Nacional, Universidad Andina Simón Bolívar Ecuador, Quito, 2008. p.222

[14] Ibídem. p. 209

[15] Diócesis de Tulcán, Pastoral Social: De qué sirve a uno alegar que tiene fe, si no se traduce en obras, p.124

[16]ESPINOSA, Roque, op.cit. p.222

[17]RODRÍGUEZ, Adriana: “Colombia- Ecuador: del Plan Colombia al Plan Ecuador”, en Acción Andina, Año 1, No.10, Bolivia, julio de 2001.

[18] ESPINOSA, Roque, Op.cit. p.345

[19] Ibídem.

[20] ESPINOSA, Roque, Op.cit. p. 346

[21] Entrevistas realizadas en Nueva Loja (Sucumbíos) fecha de 27 de octubre de 2009.

[22] ESPINOSA, Roque, Op.cit. p.347

[23] Ibídem. p. 348

[24] ESPINOSA, Roque: op.cit. p. 349

[25] Ibídem. p. 468

[26] Ibídem. pp. 469-470

[27] ESPINOSA, Roque, op.cit. p. 470

[28] Ibídem.

[29] Entrevista, Juan García, 12 julio 2005 en ESPINOSA, Roque: op. cit. p. 470

[30] Extraído de ESPINOSA, Roque: op.cit.  pp.470-478